Por orden judicial, fueron incineradas las evidencias recolectadas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, y varios de sus familiares. Entre los elementos destruidos se encontraban computadoras, celulares, documentos, escrituras de bienes, talonarios de facturas e incluso un título académico y una copia del registro de matrimonio con Inda Peñarrieta.
La decisión fue tomada por la jueza penal de Manta, Zoila Vélez, el pasado 12 de febrero, tras recibir una solicitud de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico de la Policía Nacional.
Según consta en el expediente, la magistrada otorgó 72 horas a las partes procesales, incluida la Fiscalía General del Estado (FGE), para pronunciarse sobre el destino final de las evidencias, pero no se presentó ninguna objeción en ese plazo.
La solicitud para definir el futuro de las evidencias había sido presentada el 27 de enero por el custodio de la unidad policial que las mantenía bajo cadena de custodia. Las autoridades policiales argumentaron que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) permite destruir las evidencias no consideradas de interés pericial luego de tres meses si la FGE no dispone lo contrario. Con base en ese sustento, la jueza autorizó su incineración.
Aunque el procedimiento fue legalmente amparado, el caso ha generado cuestionamientos por tratarse de una investigación vinculada a uno de los principales cabecillas del crimen organizado en Ecuador.
¿Por qué se destruyeron de las evidencias?
La jueza dispuso que las evidencias sean quemadas tras un informe de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero de la Policía donde mencionaba que, según el artículo 444 del Código Integral Penal, hay un plazo de tres meses para que la Fiscalía resuelva el destino de las evidencias «que no sean de interés pericial».
Esos indicios formaban parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en contra de la esposa de ‘Fito’, el padre del cabecilla, su hermano y dos de sus cuñados. También se indagó a dos empresas.
Sin embargo, un juez de Manta dictó sobreseimiento a favor de los cinco familiares y de las empresas, el 23 de diciembre de 2020. La Fiscalía apeló y se agotaron todos los recursos legales, sin embargo, los parientes de ‘Fito’ dejaron de estar procesados por enriquecimiento ilícito.
El magistrado tomó esa decisión porque supuestamente “la Fiscalía no ha podido recabar y presentar elementos de convicción necesarios y suficientes para presumir la existencia de un delito ni tampoco la participación de los procesados, por lo que el estado de inocencia ha permanecido incólume”.
Los familiares que fueron sobreseídos también presentaron escritos ante el juzgado penal de Manta para que toda la investigación sea ocultada de los archivos públicos de la Función Judicial.
Sin rastro de alias Fito
Hasta ahora se desconoce el paradero de alias Fito, cuya fuga se descubrió en enero de 2024 cuando las autoridades ecuatorianas iban a trasladarlo a una prisión de máxima seguridad donde quedaría aislado, como parte del plan del Gobierno de Daniel Noboa para recuperar el control de las cárceles, ahora bajo vigilancia militar.
Condenado en 2011 a 34 años de prisión por narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio, ‘Fito’, a cuya banda criminal se le atribuyen nexos con el cartel mexicano de Sinaloa, ha protagonizado varias fugas como la última descubierta públicamente el 7 de enero de 2024.
Tras conocerse la fuga se desató una oleada de atentados y violencia que incluyó secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, incendios de vehículos, motines en cárceles con unos 200 rehenes posteriormente liberados y la toma de TC Televisión por parte de un grupo armado que secuestró a sus trabajadores por varias horas.
La oleada de violencia se dio en un momento en que Noboa se disponía a poner en marcha su plan de «mano dura» para recuperar el control de las cárceles, muchas de ellas dominadas por estas bandas del crimen organizado donde, desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres carcelarias entre grupos rivales.
Esa violencia también se ha trasladado a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos del mundo con alrededor de 45 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, y con un inicio de 2025 con altos índices de violencia.
Noboa declaró en enero de 2024, el conflicto armado interno contra el crimen organizado y declaró a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales para facilitar que las fuerzas estatales las neutralicen.