Horas antes de que la Asamblea Nacional sesione para posesionar a Roberto Romero como titular de la Superintendencia de Bancos, se abre una posibilidad para que cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCS) reculen sobre la designación paralela que hicieron de Raúl González para ese mismo cargo, lo que los ha llevado a enfrentar un examen de la Corte Constitucional (CC).
Para este lunes, 27 de enero de 2025, a las 14:30, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, convocó a una sesión extraordinaria virtual para tratar como único punto el conocimiento de un informe jurídico sobre el auto de aclaración y ampliación de una sentencia dictada por la CC, en el marco de una acción extraordinaria de protección que impulsó González para restituir su designación como superintendente de Bancos.
La plenaria se produciría casi dos horas antes de que la Asamblea Nacional se instale para posesionar a Roberto Romero como nueva autoridad de la Superintendencia, ya que la presidenta encargada, la asambleísta correísta Esther Cuesta, llamó a una sesión para la tarde de este lunes a las 16:40.
Esto se produce por una decisión de la Corte Constitucional en la que se aceptó parcialmente una acción extraordinaria de protección que interpuso González en contra de una acción de protección que anuló su designación como superintendente de Bancos hecha por el mismo CPCCS el 20 de julio de 2022.
Los jueces constitucionales concluyeron que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica y en los tribunales de primera y segunda instancia se desnaturalizó la acción constitucional.
Pero se recalcó que su sentencia no afectaba la designación de nuevas autoridades que hayan ocurrido antes de su pronunciamiento.
Esto en un contexto en el que, al anularse la elección de González, el CPCCS designó a Romero en diciembre de 2022 de una terna que envió el expresidente Guillermo Lasso, aunque nunca se posesionó en la Asamblea ni asumió funciones.
De nuevo, el 4 de diciembre de 2024, el CPCCS seleccionó a Romero para esa función de una terna que envió el actual presidente Daniel Noboa.
En consecuencia, el 22 de enero último, los consejeros afines al movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, a los que se sumó la consejera Nicole Bonifaz, pusieron a debate la sentencia de la CC y reconocieron a González como el superintendente de Bancos hasta el 11 de agosto de 2027.
En cambio, a Romero lo dejaron electo para un periodo futuro: del 11 de agosto del 2027 y por los siguientes cinco años, es decir, hasta el 2032.
Los cuatro consejeros aprobaron esa resolución y Fantoni junto con las vocales, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez, votaron en contra.
Simultáneamente, Raúl González -inconforme con la decisión de la CC- pidió la aclaración de la sentencia, alineándola a que se deje en firme la resolución del 20 de julio de 2022 en la que consta su designación.
La Corte negó su pedido porque no hay nada que aclarar y porque su pretensión es contraria a lo que se resolvió, ya que su sentencia “expresamente impide que se afecten los procesos de designación posteriores a la resolución del 20 de julio de 2022. En consecuencia, el accionante pretende modificar la decisión de este organismo, por lo cual no procede su pedido de aclaración”.
Los cuatro vocales pidieron a Andrés Fantoni que convoque a una sesión extraordinaria para poner en reconsideración la votación de su resolución.
Fantoni llamó a sesionar este lunes, pero no incluyó el pedido que hicieron las consejeras Saltos y Bonifaz, al que se adhirieron Franco y Verduga para reconsiderar lo actuado.
No se descarta que intenten incluir como punto de debate esta moción, ya que el reglamento de sesiones del CPCCS establece que “cualquier consejero que hubiere participado en una sesión puede plantear en la misma o en la siguiente la reconsideración de las mociones aprobadas por el pleno del Consejo”.
Para ello se requerirá el apoyo de tres de los consejeros principales y para ser aprobada necesitará cinco votos.
Pese a estos intentos, por disposición del pleno de la CC, la Secretaría Técnica Jurisdiccional inició la fase de seguimiento al cumplimiento de la sentencia y dio como término hasta las 23:59 de este 27 de enero para que presenten informes, actos administrativos y sus informes de descargo.
De concluir que hubo incumplimiento de su sentencia, las sanciones establecidas en la ley y la Constitución abarcan la destitución de las autoridades.
El constitucionalista José Chalco considera que se incumplió lo dispuesto por la CC, pues no se podían inobservar las situaciones jurídicas consolidadas, en este caso, la elección de Romero.
“Los consejeros están pensando que uno se pasa el semáforo en rojo (incumpliendo la ley), entonces se da la vuelta, regresa al semáforo y esta vez frena (y sí cumple la ley), entonces ya no hay sanción. Ya incumplieron la sentencia”, apuntó.