La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el miércoles una ley que impone penas de cárcel para quien publique comentarios que provoquen «alarma» en redes sociales, y que es calificada como «ley mordaza» por medios opositores en el exilio.
La norma castiga con penas de tres a cinco años de cárcel y multas a quienes, en el país o en el exterior, difundan en redes sociales publicaciones que causen «alarma, temor, pánico o zozobra» entre la población, dijo en un comunicado el parlamento, controlado por el gobierno de Daniel Ortega.
Si se considera que la publicación promueve la discriminación, el odio o la violencia, o pone «en peligro la estabilidad económica y social, el orden público», la pena será de cinco a 10 años de cárcel.
La nueva norma endurece la ley de ciberdelitos de 2020, que llevó a la acusación y arresto de muchos opositores y periodistas en Nicaragua por «propagación de noticias falsas».
«Control total» de redes sociales
La nueva ley «estaría materializando el control total a las redes sociales», dijo a la AFP el abogado nicaragüense Salvador Marenco, exiliado en Costa Rica.
«Las redes sociales fueron fundamentales para la denuncia de las graves violaciones a derechos humanos» en Nicaragua, destacó Marenco, y afirmó que la nueva norma amplía la «política de represión transnacional» de Ortega.
Álvaro Leiva, Presidente de la Asociación Centroamericana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, fustigó la nueva ley, de la “dictadura de Ortega”. “Esto está claramente en sintonía, de lo que nosotros hemos siempre y permanentemente hemos venido señalando, que la crisis sociopolítica, humanitaria y religiosa que existe en Nicaragua es permanente y ascendente, una constante de violaciones a los derechos humanos. En Nicaragua es una utopía hablar de la libertad de los derechos civiles, políticos, constitucionales, esto es un poder absoluto que está en manos de dos delincuentes, cómo son Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han llevado la paz social al derrumbadero”, dijo Leiva a RFI.
El parlamento asegura por su lado que la ley «fortalece la prevención, enfrentamiento, investigación y judicialización de los delitos (…) a través de los sistemas informáticos, nuevas tecnologías y redes sociales».
Incremento de la represión
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión tras las protestas opositoras de 2018, en parte a través de cambios en la legislación. Desde entonces ha forzado el cierre de unas 5.500 oenegés y ha confiscado sus bienes.
Las protestas de 2018 dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes han sido confiscados.
Esta ley se suma a una reforma al código penal aprobada la semana pasada que impuso condenas de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por «delitos contra el Estado» nicaragüense, cometidos por cualquier persona en cualquier país del mundo.
El martes, Nicaragua retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos enviados a Guatemala la semana pasada tras una mediación de Estados Unidos, a los que acusó de atentar contra la soberanía nacional.
Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales.