La explotación de equipos electrónicos y la versión de José Ricardo Cevallos Avellán —sentenciado en el caso Triple A y cooperador eficaz del caso Goleada— son piezas clave dentro del caso Laberinto, que indaga el presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Luisa González, de Revolución Ciudadana (RC) en 2023, a través del entramado societario de Aquiles Alvarez.
Cevallos Avellán fue quien interpuso la denuncia por supuestas irregularidades en las empresas de Alvarez en diciembre de 2025 y entregó, en esa misma fecha, dos celulares y un computador portátil, diligencias de las cuales partió el caso Goleada.
Este mes, en una audiencia privada, dichos dispositivos fueron revisados y se encontraron registros de chats y movimientos económicos aparentemente ilícitos destinados a la candidatura del correísmo.
Ante estos hallazgos, el 12 de octubre agentes policiales establecieron indicios de presunto lavado de activos. Por ello, un día después, la indagación fiscal que inicialmente se manejaba como concusión dio un giro para investigarla bajo ese nuevo delito. Adicionalmente, el testigo protegido rindió una versión ante la fiscal María Belén Luna para detallar el entramado del esquema societario, sumándose a las revelaciones que meses atrás ya habían motivado los allanamientos y la captura de Alvarez y otros vinculados.
Para profundizar en estas evidencias, este Diario revisó los diez cuerpos del proceso Laberinto, donde figura el testimonio de Cevallos y se recogen los detalles sobre los supuestos giros de la sociedad de Alvarez para impulsar a la candidata.
En torno al inicio de la trama, Cevallos narró que el 23 de junio de 2023 fue contactado por Viviana Aguayo Zapata, exempleada del conglomerado de Alvarez, para manifestarle que, por disposición del entonces alcalde, enviarían gastos de la campaña presidencial de Luisa González para que fueran cubiertos por la empresa Ternape Petroleum S.A.
Esta firma fue declarada penalmente responsable por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A y también está vinculada en el caso Goleada por presunto lavado de activos. Posteriormente, cuando Alvarez asumió la Alcaldía, Aguayo pasó a trabajar en su despacho como asistente, encargándose de transmitir y dar seguimiento a las disposiciones para sus empresas.
Detalles de los aportes y chats de campaña
En la mañana del día siguiente, el 24 de junio de 2023, Cevallos se puso en contacto con Aquiles Alvarez a través de WhatsApp, instancia en la cual el alcalde “consideraba asignar un monto de $ 300.000 para financiar la campaña”.
La organización continuó a través de grupos de mensajería como “Coordinación segmento Naviero”, donde Lesly Cargua se habría encargado de reenviar mensajes siguiendo instrucciones de Viviana Aguayo. Allí se adjuntaban proformas asociadas a la Revolución Ciudadana (RC) —una de ellas por $ 50.000— junto con la instrucción de efectuar el abono desde el área contable de Ternape, ya que “sabían que eran gastos previamente aprobados por Aquiles Alvarez”.
Tras las transferencias bancarias, los proveedores emitían las facturas a nombre de Ternape, desvinculándose formalmente de la RC.
Al revisar estas cotizaciones, según el versionante, el área de contaduría observaba que los productos facturados fueran congruentes con el RUC, aunque detectó que algunos no correspondían a la actividad económica de la empresa. Como ejemplos, citó la adquisición de 200.000 cuestionarios y 400.000 stickers; adicionalmente de gastos adicionales por unos $ 100.000 a través de proformas, teniendo como principal proveedor a 911 Society S.A.S.
Asimismo, reveló la existencia de otro grupo denominado “Pagos cierre campaña Luisa”, en el que Xavier K. G., representante legal de la empresa Monowave, realizaba seguimientos de servicios prestados para el cierre de campaña, cobrando $ 50.000.
De acuerdo con las pericias policiales de los chats incluidos en los cuerpos de la investigación, el entramado societario habría canalizado aportes superiores a los $ 700.000 para la campaña de Luisa González, mientras que en la audiencia de formulación de cargos la Fiscalía calculó que aproximadamente $ 500.000 corresponderían a activos presuntamente ilícitos introducidos en la contienda electoral.
Mecanismos de pago y cheques al portador
En el plano operativo financiero, Cevallos declaró que Wendy Onofre —quien se entregó de manera voluntaria en el caso Laberinto— le contactó para solicitar la emisión de cheques al portador desde Ternape, encargándose posteriormente de conseguir personas que los cobraran para realizar pagos en efectivo de gastos que no podían ser facturados. En esa época, Onofre figuraba como asistente de Fernando Cornejo, exfuncionario municipal cercano a Alvarez.
El testigo relató un inconveniente ocurrido en 2023, cuando Onofre envió a un tercero no registrado para cobrar uno de los cheques de Ternape. Para solventar el problema, se debió entregar dinero en efectivo proveniente de las ventas de una gasolinera ubicada en las calles Los Ríos y Clemente Ballén.
Según el testimonio, la confianza entre Alvarez y Cornejo era tal que este último se encargaba de manejar el presupuesto y a los proveedores para la campaña de la Alcaldía, solicitando facturas a las empresas y coordinando con Onofre la emisión de cheques al portador para pagar a simpatizantes y cubrir gastos no facturables.
Posteriormente, al llegar a la administración municipal, Cornejo asumió la dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales además de presidir Segura EP, mientras que Onofre pasó a ocupar el cargo de jefa de gestión administrativa en esa misma dirección.
Al concluir su intervención, Cevallos manifestó estar presto a colaborar con la justicia, aunque dejó constancia del temor por su vida al saber “que existen personas interesadas en que la verdad no salga a la luz”. Su testimonio no receptó preguntas de la autoridad competente.
El origen judicial del caso
Esta versión se integra como un elemento estructural dentro del caso Laberinto, el cual se originó a partir de las observaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las cuentas de campaña del binomio presidencial Luisa González-Andrés Arauz en las elecciones anticipadas de 2023.
Las inconsistencias en el sustento de aportes económicos y gastos de publicidad no reportados derivaron en que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sancionara con $ 6.000 a Luisa González, Estefanía Molina y Santiago Díaz, remitiendo además un oficio a la Fiscalía para que investigara los hechos.
A partir de ello, las pesquisas plantearon una hipótesis de presunto lavado de activos debido a la identificación de un mecanismo paralelo de financiamiento con recursos que, según la Fiscalía, provendrían de actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de hidrocarburos.
La institución apunta que la empresa Ternape Petroleum S. A. fue utilizada para efectuar transferencias a proveedores de propaganda y emitir cheques al portador convertidos en efectivo, operaciones que habrían ocultado el origen y destino de los fondos.
Con estos antecedentes, el 22 de octubre de 2026 la Fiscalía formuló cargos por presunto lavado de activos contra Luisa González, Wendy Onofre, Joseph Díaz y Estefanía Molina. Un juez les dictó prisión preventiva, sin que ello implique una determinación de culpabilidad hasta ahora. En el proceso también es investigado Andrés Arauz, quien figuraba como candidato a la vicepresidencia por el correísmo en 2023.