Una vez consumada la deportación de José Serrano y tras su reclusión en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro en Santa Elena, la atención pública se desplaza del operativo de traslado hacia los estrados de la Función Judicial en Quito.
Con José Serrano bajo custodia estatal, el sistema de justicia activa una serie de engranajes procesales que permanecían paralizados por la permanencia del exfuncionario del correísmo en el exterior.
El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional aguarda ahora una decisión sobre si irá a juicio como presunto autor mediato del magnicidio de Fernando Villavicencio -delito por que podría enfrentar una pena de entre 22 y 26 años de cárcel-, sino que además deberá responder por otras denuncias y expedientes pendientes que van desde un supuesto secuestro hasta el cobro de «diezmos».
El juicio por el Caso Villavicencio
Serrano es investigado como presunto autor mediato o intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, perpetrado por sicarios el 9 de agosto de 2023 en el norte de Quito. La teoría de la Fiscalía señala al exministro como un supuesto «nexo logístico y de seguimiento» en la planificación del crimen.
El pasado 14 de agosto el juez de Unidad Judicial Penal de Pichincha suspendió la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y entró en fase de deliberación para resolver si llama a juicio a siete procesados como presuntos autores mediatos o intelectuales del magnicidio. Los imputados son Xavier Jordan, Daniel Salcedo, Wilmer Chavarria, Angel Aguilar, Ronny Aleaga, Luis Alfredo y el propio José Serrano.
La legislación penal del Ecuador prohíbe juzgar el delito de asesinato en ausencia, con lo que la reclusión del exfuncionario elimina el principal obstáculo constitucional para llevarlo a un eventual juicio oral. Sobre Serrano pesaba la orden de prisión preventiva 23 de octubre de 2025.
Estos son los delitos que se investigan contra José Serrano, deportado de Estados Unidos y rumbo a la cárcel El Encuentro
El exfuncionario enfrenta este proceso representado por un nuevo equipo de defensa técnica formalizado ante el juez de la causa el pasado 26 de agosto, dos días antes de su deportación de Estados Unidos, según información del expediente judicial. El pasado 13 de agosto el juez decidió rechazar los recursos de apelación a la prisión preventiva interpuestos por Serrano y Xavier Jordán, quien reside fuera del país y se encuentra prófugo.
La activación de otros expedientes pendientes
El caso Villavicencio es solo el primero de los frentes judiciales que se reactivarán para Serrano en Ecuador. El exministro acumula otras denuncias, investigaciones previas o reservadas, las cuales podrían avanzar al encontrarse en custodia estatal.
Entre estos casos se encuentra la denuncia por su presunta participación en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en Colombia en 2012 y una denuncia por presunta tentativa de asesinato al abogado Luigi García en 2023.
También se encuentra abierta una investigación en Fiscalía por presunta difusión de información reservada, tras la publicación de datos sensibles de una indagación que involucraba al fallecido fiscal César Suárez
Un exasesor ministerial también señaló a Serrano por el presunto cobro de diezmos (exigir el 10% del salario a los funcionarios del Ministerio del Interior). También tiene abierta una investigación previa por tráfico de influencias y cohecho (denuncia ligada al juicio al excontralor Carlos Pólit en Estados Unidos).