La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) busca que la justicia levante la medida que mantiene inmovilizados los generadores instalados en las centrales Salitral y Quevedo, equipos adquiridos a la empresa Progen que, hasta la fecha, no han producido un solo megavatio de energía.
La entidad presentó un nuevo pedido al juez que conoce el caso Progen para que revoque la orden que impide intervenir los equipos, debido a que estos forman parte de las evidencias dentro de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el oficio remitido al magistrado, Celec sostiene que la inmovilización de los generadores está provocando un perjuicio continuo al Estado.
«Celec ha sufrido un daño directo y continuado derivado de la inmovilización de los bienes estatales destinados a la prestación de un servicio público esencial. Tal afectación compromete no solo el patrimonio público, sino también el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado relativas a la garantía de la soberanía energética y de la prestación continua, eficiente y segura del servicio eléctrico nacional», señala el documento.
Se trata de la segunda ocasión en que la empresa estatal solicita el levantamiento de la medida cautelar. Además, insiste en que se convoque a una audiencia para exponer sus argumentos y justificar la necesidad de intervenir los equipos.
La intención del Gobierno Nacional es contratar a los fabricantes originales y a especialistas internacionales para que viajen al país, inspeccionen los generadores y determinen si es técnicamente viable repararlos y ponerlos en funcionamiento. El objetivo es recuperar parte de la capacidad de generación eléctrica que se buscaba incorporar durante la crisis energética de 2024.
De concretarse, el Estado tendría que asumir una nueva inversión para intentar rehabilitar los equipos, además de los USD 104 millones ya desembolsados a Progen en los contratos para las centrales Salitral y Quevedo.
La adquisición de estos generadores es objeto de una investigación penal por presuntas irregularidades. Según las indagaciones, los equipos habrían sido comercializados como nuevos pese a que existían cuestionamientos sobre su estado, en un proceso que incluyó documentación presuntamente falsa y que, según los hallazgos de la Fiscalía, no fue verificada adecuadamente por Celec al momento de la contratación.