Los gremios del transporte pesado de Ecuador advirtieron que el sector podría «apagar motores» si el Gobierno del presidente Daniel Noboa no toma medidas ante el incremento del precio del diésel, cuyo subsidio fue eliminado por el mandatario en septiembre pasado.
«Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata», dijo en una rueda de prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), que agrupa a pequeños y medianos transportistas del país.
El dirigente señaló que ellos aceptaron la eliminación del subsidio el año pasado, porque el Gobierno se había comprometido a emitir políticas públicas para «equilibrar el sistema de bandas» por el que se determina el valor en función de los precios internacionales, pero que eso no se ha cumplido.
Con la medida tomada por Noboa, el precio del combustible pasó de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares, lo que provocó protestas lideradas por el movimiento indígena que duraron un mes y dejaron dos muertos por arma de fuego y 473 heridos, según organizaciones de la sociedad civil.
Márgenes de utilidad a la baja
Este mes el precio llegó a 2,96 dólares, alza que, según Ortiz, ha hecho que los márgenes de utilidad de los transportistas se reduzcan «drásticamente» o registren «pérdidas constantes», lo que ha llevado «al colapso» a «miles» de ellos.
El presidente de Confetrape aseguró que este martes van a presentar este reclamo al Gobierno y que esperarán unos quince días por una respuesta. Plantean propuestas como focalizaciones.
«Si el Gobierno no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad; será el Gobierno quien nos está induciendo a apagar nuestros motores, no porque queramos, sino porque no tenemos para poder cubrir el costo operativo de nuestras unidades», señaló.
El incremento del precio del diésel se suma a las preocupaciones por la inseguridad en las carreteras del país. Ortiz afirmó que ya han denunciado que los transportistas son víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos, pero que aunque las fuerzas de seguridad logran capturar a los presuntos responsables, hay jueces que, aseguró, los liberan.
Además, los gremios exigieron al Gobierno que revise los aranceles impuestos a exportaciones colombianas, que el próximo 1 de mayo subirán al 100 %, ya que la medida también está provocando desempleo y precarización laboral a quienes trabajan en la frontera norte.
Gobierno evalúa extender compensaciones
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró este 20 de abril de 2026 que el Ejecutivo mantiene el diálogo con el sector transportista, que presiona por mayores compensaciones ante la eliminación del subsidio a los combustibles. Sostuvo que cualquier ajuste en las tarifas debe ser tratado con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
En una entrevista para el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, la funcionaria indicó que, desde noviembre, se han realizado reuniones con más de 235 organizaciones del transporte para buscar acuerdos “sin perjudicar al ciudadano”.
Añadió que el Gobierno analiza la posibilidad de extender por uno o dos meses las compensaciones que concluyen en este mes de abril, aunque descartó que se prolonguen por un mayor tiempo solicitado por algunos gremios. Esto aplicaría para el sector intra e interprovincial.
Transportistas en Quito rechazan alza de los combustibles y buscan diálogo con el Gobierno
«Las tarifas tienen que hablarlas con los GAD, no es con el Gobierno Nacional. Aquí lamentablemente existe un lavado de manos de los GAD. Desde hace ocho meses no se sientan».
Nataly Morillo, ministra de Gobierno
Según explicó, el Estado ha destinado USD 177,5 millones en compensaciones a unos 57.000 transportistas tras la eliminación del subsidio. Insistió en que el objetivo es establecer incentivos que permitan sostener la actividad sin afectar a la población.
La ministra también afirmó que no se prevén paralizaciones en el corto plazo, tras «un diálogo abierto» con dirigentes del sector, aunque reconoció que existen tensiones. En ese sentido, defendió la política de diálogo del Gobierno y destacó los acercamientos con autoridades locales y distintos actores políticos.